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El Préstamo, arrendamiento, permuta y compraventa

La contratación, apenas conocida entre los visigodos antes de su establecimiento en España, se encuentra bastante desenvuelta en el Fuero Juzgo, al menos por lo que á los actos y contratos más esenciales para la vida jurídica se refiere, pues en él aparecen reglamentados el préstamo mutuo, el comodato, el depósito, la prenda, la donación, la permuta, la compraventa, el arrendamiento de cosas y el de servicios.





La idea del préstamo mutuo, se encuentra algo confundida con la del comodato, el depósito, y aun con la del arrendamiento. Con efecto, cosas encomendadas pueden ser las fiadas en depósito, y aun en comodato; emprestadas son las dadas en préstamo mutuo, y también en comodato; y alegadas, las dadas en arrendamiento;
y de todas ellas conjuntamente se ocupa el tít. V, lib. V, que se denomina de las cosas encomendadas y emprestadas. Se habla del que presta pan, vino, aceite u otra cosa semejante, lo cual indica que se reconoce la verdadera naturaleza del préstamo mutuo que, como es sabido, no puede versar más que sobre cosas funibles.
Respecto del préstamo con interés, se establece como máximum una cantidad análoga al doce y medio por ciento, cantidad que puede llegar a la tercera parte del valor de la cosa prestada, cuando el contrato verse sobre especie
Como indicación referente al comodato, se dice que «si alguno empresta su cavallo ó su yegua, ó su muía ó otra animalia», y muriese naturalmente, en poder del que la recibiera, éste no tiene obligación alguna; pero que si la muerte fuere ocasionada «por muchas feridas, ó por grand carga, ó por grant trabaio, peche otra tal animalia al sennor della».
En cuanto al depósito, viene a establecerse igual doctrina que respecto del comodato para el caso de que la cosa objeto del contrato se pierda por fuego o cualquier otra calamidad, pues se dispone que únicamente se halle obligado el depositario a devolver una cosa análoga a la pérdida, cuando hubiere salvado las suyas del siniestro o cuando aquéllas fueren oro o plata substancias que, según el texto a que aludimos no pueden arder.

Algunas indicaciones se encuentran también respecto de la prenda, y aun pudiéramos decir que de la hipoteca, pues se prohíbe el empeño del patrimonio, lo cual es evidente que no podía tener lugar por medio de aquélla. En cuanto a ésta, se establece el principio de que el acreedor pueda vender la cosa objeto de ella, si requerido el deudor, no solucionase el crédito para cuya garantía fue constituida.

Las donaciones son una de las materias tratadas de modo más completo en el Fuero Juzgo. Se distinguen las donaciones inter vivos de las niortis causa; se habla de las donaciones hechas por el rey, por los señores a los vasallos, por el marido a la mujer y viceversa, por los padres a los hijos, y aun de las hechas a favor de extraños, estableciéndose la revocación por ingratitud del donatario y su validez desde que se entrega la cosa donada, o se hace constar la donación por escrito o ante testigos.

De la permuta se habla al mismo tiempo que de la compraventa, si bien la naturaleza especial de ambos contratos aparece perfectamente definida. A diferencia de lo que hacía el derecho romano, no se admite la nulidad del contrato por lesión; se considera perfecto, desde que se entrega el precio o desde que se promete por escrito o ante testigos: y se hacen algunas indicaciones respecto de las arras dadas en señal de la perfección del contrato, así como respecto de la compraventa de inmuebles, animales, ganados y muebles.

El arrendamiento se sanciona bajo sus dos formas: arrendamiento de cosas y arrendamiento de servicios. El primero aparece algo confundido, según hemos indicado, con la teoría del préstamo, comodato y depósito, con el cual también aparece mezclada la idea del seguro. No existe este último en el orden doméstico; pero sí el arrendamiento de servicios de esclavos ajenos. En el tít. I, libro XI, que lleva por título De los físicos e de los enfermos, se establece que aquéllos pueden contratar con éstos los honorarios de su asistencia, los cuales dejarán de cobrar si el enfermo muriese, y se dictan otras varias medidas, todas ellas a cual más curiosas relativas a lo que en último caso no es otra cosa que un arrendamiento de servicios.

Aun cuando del contrato de fianza nada se dice en el Fuero Juzgo, se habla de los fiadores en algunas leyes; por ejemplo, al establecer que los médicos pueden convenir con los enfermos los honorarios de su asistencia, se dice que aquéllos podrán exigir fiadores.

Respecto de los cuasi contratos, apenas existe indicación alguna en el Fuero Juzgo, y si bien en él se reconoce que los actos ilícitos pueden producir obligaciones, no se habla en particular de los delitos y cuasi delitos bajo ese aspecto. No existen tampoco teorías aplicables a la extinción de las obligaciones, sin embargo de lo cual se establece que pueden acabarse por el pago, la novación y la pérdida de la cosa.

Se relaciona directamente no sólo con la idea de la contratación, sino con la de la testamentaria, y aun con la de las capitulaciones matrimoniales, lo que se conoce con el nombre de Fórmulas visigóticas, y que no son otra cosa que una colección incompleta de reglas o disposiciones encaminadas a prevenir la manera cómo se habían de redactar los documentos o escrituras públicas. De suerte, que, más que otra cosa, son las Fórmulas visigóticas una colección de modelos para la redacción de instrumentos públicos. No hay dato alguno cierto para determinar la época en que debió formarse esta colección; pero la generalidad de los autores suponen que fué obra de un notario de Córdoba, el cual debió realizar su trabajo en el reinado de Sisebuto.

A Eugenio Koziére se debe el descubrimiento de este manuscrito, pues él lo encontró en la Biblioteca Nacional de Madrid, y lo publicó bajo el título de Formules wisigothiques inedites, el año 1854. Están escritas en latín, y parte de ellas se refieren a la legislación romana, parte a la visigoda, y aun algunas a la legislación que, ya en tiempos posteriores, se estableció sobre algunas materias con carácter obligatorio para ambas razas. La XX ofrece la particularidad de hallarse escrita en exámetros.



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".


Es propiedad del Autor.
Queda hecho el depósito que marca la Ley.


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La legítima

De los bienes que hubieran recibido los padres del rey o señor, podían disponer libremente; de los dotales, tenían que dar las tres cuartas partes a los descendientes; y en cuanto a los restantes, las cuatro quintas partes constituían la legítima de los hijos, y el quinto era de libre disposición.



La legítima se repartía por igual entre los herederos, pero el padre podía dedicar la tercera parte de su importe a mejorar la suerte de uno o varios de ellos. Admitió también el Fuero Juzgo la teoría de la desheredación, complemento obligado de las legítimas, pues si justo es que el padre no prive a los hijos arbitrariamente de sus bienes, también lo es que pueda privarles de ellos, y aunque sea la ley la que tal haga, cuando el mal comportamiento de éstos, autoricen tal conducta.

La desheredación se halla, según se infiere de lo dicho, completamente desarrollada en el Fuero Juzgo; no así la teoría de las indignidades, de la cual sólo se encuentran algunas indicaciones.

No deja de ser curioso que siendo la legítima romana pequeña, la cuarta parte del caudal del testador, y el precedente visigodo desde que este pueblo conoció la sucesión testamentaria, la absoluta libertad de testar, estableciese el Fuero Juzgo la legítima de los cuatro quintos, que ha sido la vigente, hasta la publicación del moderno Código civil. Tampoco deja de presentar alguna novedad la institución de las mejoras, pues si bien es cierto que antes del Fuero Juzgo cabía la posibilidad de un desigual reparto de la herencia entre los hijos, por ejemplo, mediante el legado por precepto, no lo es menos que tal como se halla organizada en ese código, es la primera vez que la encontramos en España.

La sucesión intestada, está considerada por el Fuero Juzgo como supletoria de la testamentaria, pues sólo cuando una persona no había dispuesto de sus bienes para después de la muerte, pasaban aquéllos a los parientes más próximos, según terminantemente se expresa en la ley IV, tít II, lib. IV, que dice:
«La buena daquellos que mueren que non fazen testamiento, ni ante testimonios, ni por escripto, los que afueren más propinquos deven aver la buena.»
Se llamaba en primer lugar a los descendientes, en segundo a los ascendientes, en tercero a los colaterales, y en último término a diferentes personas.
Dice la ley II, tít. II, lib. IV, que «en la heredad del padre vienen los fiios primeramientre. É si non oviese fiios, devenlo aver los nietos, é si non oviese nietos, devenlo aver los bisnietos.» 
La única observación que cabe hacer respecto de la sucesión de los descendientes, pues el orden como sucedían, bien claramente lo determina el texto, es que los varones no tenían preferencia alguna sobre las mujeres, y que a diferencia de lo que ocurría en la legislación romana, no cabía el derecho de representación dentro de los principios sancionados por el Fuero Juzgo, de donde se deduce que no se podía heredar in estirpe, sino in capíe. Sin embargo conviene notar que aun cuando no era muy necesario, pues la lógica lo impone, se establece que los hijos de diverso padre y de una misma madre, y los de diversa madre, pero de un mismo padre, heredaran cada uno a su padre o madre respectiva.

La ley últimamente citada, añade que «si non oviere fiios, ni nietos, ni padre, ni madre, desvento aver los avílelos». De modo, que, en defecto de los descendientes, se llama indirectamente a los padres, y después de ellos y de una manera explícita, a los abuelos. Conviene advertir, que los abuelos heredaban por partes Iguales, fueran en la línea paterna o de la materna, pues todos conjuntamente y hecha abstracción de su número, heredaban al nieto en los bienes adquiridos por éste; pero los que él hubiese heredado, debían pasa a la rama de donde procedieran. A falta de ascendientes y descendientes, sucedían los bienes, después de los tíos y sobrinos, y, en último lugar, los demás parientes hasta el séptimo grado.

El último llamamiento que se hace, es excepcional y extraordinario, y se hallaba establecido a favor del cónyuge viudo y de los clérigos, cuando no existiesen parientes de grado inferior al séptimo. A los primeros, pasaban en tal caso los bienes del cónyuge difunto, y los de los segundos, así como los de los monjes y monjas, a la iglesia en que servían.

Nada se dice respecto de las personas a quienes había de pasar la herencia en defecto de todas las enumeradas, siendo de suponer que en tan improbable caso heredara el Estado.

Por último, conviene notar que se concedía en usufructo a la viuda una porción igual a la que en propiedad recibiesen los hijos de la buena del padre, mientras no contrajese nuevo matrimonio.
Para terminar la materia de sucesiones, resta sólo indicar que en el Fuero Juzgo se encuentran algunas indicaciones respecto de las reservas, de las particiones y de algunos otros puntos que son comunes tanto a la sucesión testamentaria, como a la intestada.



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".


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Derechos reales y personales. Testamentos y Donaciones.

Respecto de las cosas, conviene notar que, si bien no se contiene en el Fuero Juzgo una clasificación formal de las mismas, ni era fácil que existiera, dado que no fue redactado con arreglo a principios científicos, existen en él los bastantes elementos para deducir que en rigor se distinguían los diversos caracteres que las cosas pueden ofrecer.



Con efecto, en él se habla de las cosas que están en el comercio de los hombres y de las que no lo están; de las comunes, públicas, de corporación, religiosas y sagradas, así como de las apropiadas y nullius; de las muebles, inmuebles y semovientes; de las cosas de los godos y de las de los hispano romanos; de las universales y de las singulares; de las fungibles y no fungibles; de las divisibles e indivisibles; de las litigiosas y no litigiosas, etc., etc.
De modo, que, reuniendo las indicaciones que se hallan en diversas leyes, podría establecerse fácilmente una clasificación de las cosas, bastante perfecta por cierto.

Distínguense los derechos reales de los personales, aun cuando sin establecerse tampoco la oportuna clasificación de unos y otros. La propiedad había sufrido ya una grave transformación entre los visigodos. Conocían éstos, antes de su establecimiento en España, la mueble, la de los ganados, vestidos y alimentos, y aun quizás la inmueble, bajo una de sus primitivas formas, la propiedad del domicilio; pero a poco de asentarse en nuestro suelo, la conocieron y dieron gran desarrollo bajo sus diversas formas.

Al lado de la idea de propiedad, consigna el Fuero Juzgo la de la posesión y la de los modos de adquirir, encontrándose en varias de sus leyes, indicaciones bastante completas, respecto de todas estas instituciones. En la ocupación, que se reconocía, tanto respecto de la caza y pesca, como respecto de los objetos propios del enemigo, esto es, la ocupación bélica, se exigían los dos requisitos de la doctrina romana, la aprehensión material y el animus. Mediante la accesión, se reputaban del dueño de fincas, ganados o esclavos, los productos de los mismos.  Respecto de la tradición, se admitían las diversas maneras cómo las cosas pueden pasar del poder de unos hombres a otros. En punto a la prescripción, se exigían treinta años de ordinario, cincuenta en los bienes de menores o de pueblos y cuando se trataba de la libertad; además se consideraban imprescriptibles los bienes
de la Iglesia. Existen también algunas indicaciones respecto de otros derechos reales. Por ejemplo, se habla de las servidumbres de pasaje y de pastos, estableciéndose regias tanto para el paso público, como para el de particulares, y se asienta el principio de que las heredades no pueden cerrarse, y que aun estando cerradas, sea lícito que pasten los ganados en ellas, una vez levantados los frutos.

Hemos indicado antes de ahora que si bien los visigodos no conocían primitivamente la sucesión testamentaria, se usaban de antiguo entre ellos ciertas donaciones, a las que quizás pudiera aplicarse con mayor o menor propiedad el calificativo de inortís causa, toda vez que sus efectos iban más allá de la vida del donante. Hubieron, pues, de aceptar los testamentos de los hispanos, entre los cuales ya se conocían, puesto que el Código de Eurico, primer monumento de la legislación visigoda, admite la forma de sucesión a que aludimos.

El Fuero Juzgo no sólo distingue con entera claridad la sucesión testamentaria de la legítima, sino que establece multitud de reglas sobre los principales puntos que una y otra comprenden. He aquí las principales disposiciones que contienen, respecto de la primera.

Tienen capacidad para otorgar testamento, los mayores de catorce años y aun los que hayan cumplido diez, siempre que se encuentren enfermos o en cualquier peligro de muerte, añadiéndose que el testamento otorgado en tales condiciones, no será válido después que el peligro pase, si no fuere ratificado por su autor al llegar a la edad señalada.

Todos los ciudadanos son capaces para suceder por testamento; las mujeres, heredan en igual proporción que los hombres, siempre que se hallen en el mismo grado, y no se distinguen las sucesiones universales de las singulares, esto es, la herencia de los legados.

Se reconocen cuatro formas de testamentos, que en rigor, pueden reducirse á dos; una por escrito y otra de palabra, y considerarse como testamentos nuncupativos.  Son las siguientes:
  1. Escrito por el testador ante testigos y autorizado con la firma de aquél y de éstos. 
  2. Escrito por el testador, ante testigos y con la firma de éstos, o sólo la de aquél. 
  3. Escrito por una tercera persona, á ruego del testador, por no saber éste escribir, ante testigos y con la firma de éstos; y ante testigos, oralmente. 
No se determina en ninguna de esas formas el número de testigos, sino que se usa únicamente la palabra testimonias, de donde parece inferirse que bastaría fueran dos.
Esto y alguna indicación que se hace del testamento ológrafo, es lo que sumariamente expuesto contiene el código que examinamos, respecto de las formas de testar.
Dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento del testamento, debía ser éste presentado ante el obispo, castigándose a los que no cumplieran tal obligación, así como a los que ocultaran la disposición testamentaria al instituido heredero.

No se establece distinción entre los testamentos y codicilos, ni era preciso que se admitieran éstos, pues los hacían innecesarios las escasas formalidades que exigían los primeros.
Como no se admitía la tutela testamentaria, ni cabía que hablase del reconocimiento de hijos ilegítimos un código que para nada se ocupa de la descendencia ilegítima, ni existían diferencias entre la herencia y los legados, claro es que el contenido de los testamentos, hallábase reducido a la distribución de los bienes del testador.

La omnímoda libertad de testar, proclamada por el Fuero Juzgo, hallábase limitada por las legítimas. En la ley I, tít. V, libro IV, se deroga otra antigua, por la cual podían los padres y abuelos repartir su buena como quisieran, así como la madre sus arras, y se establece que «el padre non puede desheredar los filos ni los nietos por culpa»; «mas puédelos ferir é castigar mientre que son en su poder». «Mas si el fiio ó la fiia, ó el nieto ó la nieta fiziere grand tuerto ó granel desondra al padre, ó á la madre, ó al avuelo, ó al avuela quel dé con palma, ó con punno, ó con coz, ó con piedra, ó con palo, ó con correa, o tira por el pie, por la mano, ó por los cabellos desondradamientre; ó si lo denostó en conceio, estos, tales deven recebir cada uno L azotes delantre el iuez; y el padre ó la madre, y el avuelo ó el avuela los pueden desheredar si quisieren.»



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
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El poder de los padres sobre los hijos

Respecto de la paternidad y filiación, conviene advertir que el Fuero Juzgo sólo habla de la legítima, mediante la cual se establece el vínculo de la patria potestad, cuyos caracteres distan mucho de ser en este período, lo que fueron en la primitiva Roma..




El poder de los padres sobre los hijos, es, según el Fuero Juzgo, como antes lo fuera según las primitivas costumbres de los godos, más de dirección que de represión, y no era exclusivo del padre, sino que, en su defecto, lo tenían la madre y los abuelos.

No están conformes los autores respecto de si las madres tenían la patria potestad sobre los hijos, una vez muerto el padre, ó únicamente les correspondía la tutela.
La ley I, tít. III, lib. IV, considera como huérfanos únicamente á los menores de quince años, que no tienen padre ni madre, porque, según ella, la madre «non á menor cuidado del »fiio que el padre» de donde parece inferirse que se concedía la patria potestad á la madre. Sin embargo, más adelante se concede la tutela de los hijos a la madre, siempre que no contraiga nuevas nupcias, pues se dice en la ley III, título III, lib. IV, que «si el padre fuere muerto, la
»madre debe aver los fiios de menor edad en su »guarda, si ella quisiere é si se non casare, assi »que de las cosas de los fiios faga un escripto.»

De todas suertes, fuera la tutela ó la patria potestad lo que á las madres viudas concediera el Fuero Juzgo, es indudable que en este código existe una tendencia favorable á la mujer, bien distinta por cierto de la que existía en la legislación romana.

La patria potestad terminaba con el casamiento de los hijos ó por llegar éstos á la mayor edad, que, según hemos indicado, es de presumir que se obtuviera á los veinte años. La patria potestad se perdía también por el abandono
de los hijos.

Los visigodos aceptaron de los romanos la teoría de los peculios, pero introdujeron en ella algunas modificaciones.
El Fuero Juzgo reconoce tres clases de peculios, constituidos respectivamente por los bienes que al hijo hubiera donado el rey ó su señor, por los que hubiese adquirido en la guerra mediante su trabajo, y por los que hubiese heredado de sus parientes. Quizás admitiera también el peculio profecticio, porque aun cuando no se habla determinadamente de él, su reconocimiento es por todo extremo sencillo. En el primero, la propiedad era del hijo, si bien es de
suponer que en el caso de ser menor de edad se concediera el usufructo al padre; en el segundo,
el hijo era propietario de las dos terceras partes, y el padre de la otra; y en el tercero, la mitad de los bienes correspondía al padre y la mitad á los hijos.

Para los efectos de la tutela, la menor edad duraba hasta los catorce años cumplidos ó los quince iniciados. En defecto del padre, los hijos se hallaban en la guarda de la madre, mientras ésta no contrajese nuevas nupcias, y a falta de ella, se concedía la tutela á los hermanos de veinte á treinta años, á los tíos y primos del huérfano, y, en último término, á los demás parientes

El tutor, cualquiera que él fuere, debía hacer al tiempo de encargarse de la tutela y ante testigos, un inventario de los bienes del menor, cuya guarda correspondía al obispo; era responsable de los daños que sufriese el pupilo
por su culpa; y gozaba de la décima parte de los frutos de tales bienes por su administración, pudiendo el pupilo, al llegar á la mayor edad exigir cuentas al guardador do la administración de sus bienes.

Como se infiere de lo dicho, las disposiciones del Fuero Juzgo en punto á la tutela, eran bastante perfectas.



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".


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Divorcio y donaciones

Mientras no constase de una manera cierta la muerte de un cónyuge, el otro no podía contraer nuevas nupcias, y aun la mujer debía esperar un año (1), salvo el caso de las viudas de reyes, las cuales no podían volver á contraer matrimonio...




Se prohibe el matrimonio entre personas libres y esclavas, entre el raptor y la robada, y entre parientes hasta el sexto grado civil, aparte de otras prohibiciones, explicables por el carácter religioso de alguno de los que intentaban celebrarlo (2).

El principal efecto del matrimonio en cuanto a las personas de los cónyuges, era la perpetuidad del vínculo, salvo los casos en que sí que se admitía el divorcio. El marido tenía la administración de los bienes de la familia, excepción hecha de las arras, así como la jefatura de la sociedad familiar. El adulterio era castigado con penas severísimas.

Los bienes matrimoniales se constituían con los del marido, los de la mujer, y las donaciones hechas por aquél a ésta, pues si existían de la mujer al marido, no encontramos disposición alguna respecto de ellas.

Donación del marido a la mujer eran no sólo las arras, sino las que durante el primer año de matrimonio podía hacerla; tanto unas, como otras, eran de la propiedad exclusiva de la mujer, así como las que el padre del marido diese a la mujer al tiempo de la celebración del matrimonio, pero aquéllas debían conservarse en poder del padre, y, en su defecto, de la madre, los hermanos o los parientes más próximos (3), y no podían exceder nunca de la décima parte de los bienes del marido. Sin embargo, la gente noble podía al casarse hacer además a la mujer una donación de diez mancebos, diez mancebas y veinte caballos, pudiendo ascender las donnas a mil sueldos (4). En el caso de que la mujer muriese intestada y sin hijos, las arras pasaban al marido. Antes del establecimiento de los visigodos en España, existía ya entre ellos la costumbre de que las mujeres tuviesen participación en los bienes del matrimonio, principalmente en los adquiridos durante la guerra.

El Fuero Juzgo prescribe, que dichos bienes se repartan entre el marido y la mujer, con arreglo á lo que cada uno hubiere aportado al matrimonio (5).
Admitía el Fuero Juzgo el divorcio en sus dos formas, en cuanto al vínculo, y como mera separación de los cónyuges, si bien determinadamente, no las establecía con tales nombres; y eran justas causas para producirlo, según él, entre otras, el adulterio, la sodomía del marido, el que éste intentara pervertir a la mujer y los votos religiosos.
___________

(1) Ley 1, tit. 11, lib. 111.
(2) Tit. 11 y 111, lib. 111.
(3) Ley Vil, tít. 1, lib. 111. 
(4) Ley VI, tít. 1, lib. 111.
(5) Ley XV11, tít. 11, lib. IV.




Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
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Esponsales y matrimonio



Establecíanse también diferencias que se relacionaban directamente con el orden jurídico. Así, por ejemplo, se distinguían los hombres libres de los esclavos, y dentro de los primeros, aquéllos que siempre fueron libres, de aquéllos otros que estuvieron en esclavitud; los hispanos, de los godos; los subditos de la monarquía, de los extranjeros; los vecinos de una localidad, de los forasteros; los clérigos, de los legos; los nobles, de los vasallos, etc., etc.


La idea de la familia, como la del parentesco, no se definen en el Fuero Juzgo, pero se reconocen ampliamente. Se distingue el parentesco natural del de afinidad, concediéndoseles iguales efectos cuando se trata de la celebración del matrimonio, y diversos en las sucesiones; dentro del primero, se diferencia la línea recta de las colaterales, llegando a determinarle en unos casos hasta el sexto grado, y en otros hasta el séptimo. Entre los parientes existen vínculos, según el código que examinamos, que producen derechos positivos en ocasiones dadas, como en las sucesiones; en otras derechos negativos, como la imposibilidad de contraer matrimonio; y en otras cierta comunidad de intereses, que explica la intervención de los parientes del huérfano en los asuntos de éste.

El matrimonio, institución ya conocida de los visigodos antes de su establecimiento en España, hallábase al final del período que examinamos completamente reglamentada, por más que a semejanza de lo que ocurría en el derecho romano, no estuviese determinado de un modo claro y preciso en el Fuero Juzgo todo lo relativo á la forma de su celebración, acerca de cuyo punto era la legislación canónica la que regía. Pero lo relativo á los requisitos que deben mediar en todo matrimonio, la materia de impedimentos, y las consecuencias que el vínculo matrimonial produce, tanto respecto de las personas de los cónyuges y de los hijos, como en cuanto á sus bienes, fué desarrollado por entero en el Fuero Juzgo.

Los requisitos eran tres: celebración de esponsales, consentimiento paterno y dación de arras.
Los esponsales, institución que hoy carece de importancia, la tenían á la sazón muy grande, debido quizás á que como la ley civil nada decía respecto de la manera de celebrarse el matrimonio, se procuró por medios indirectos distinguir las uniones que merecían tal nombre, de las demás. Los padres podían contraer esponsales en nombre de sus hijos siendo preciso el consentimiento de aquellos, aun en el caso de que éstos fueran los que los celebraran; producían la obligación de casarse, debiendo la mujer, cuyo padre hubiera celebrado esponsales en su nombre, ser entregada, aun contra su voluntad, a aquél a quien había sido prometida; no se anulaban á no ser por el mutuo disenso, y sus efectos duraban dos años (1). Podían celebrarse ante testigos y por escrito, lo cual indica que no eran los esponsales según el Fuero Juzgo, una simple promesa de matrimonio, sino una promesa hecha con ciertas solemnidades.

El consentimiento paterno era quizás más importante, según la legislación que examinamos, que el mismo de los contrayentes, cosa en verdad nada extraña, si se tiene en cuenta que mediante el matrimonio de los hijos, salían éstosn de la patria potestad, y podían dar á sus padres herederos forzosos. El matrimonio celebrado sin este requisito, era nulo, según la legislación romana, pero la canónica y el Fuero Juzgo con ella le consideraban válido, aunque ilícito.

Por tal razón, las hijas que contraían matrimonio sin la voluntad de su padre, perdían la parte que pudiera corresponderles en la buena de éstos, á no ser que las recibieran en su gracia (2). El consentimiento debía darse por el padre; si éste hubiera muerto, por la madre; «é »si la madre es muerta, ó se casar con otro marido, los hermanos deben casar la hermana, si »son de edad complida, é si non son de tal edad, »el tío los debe casar», pudiendo los hermanos que fueren de edad cumplida, casarse en contra del consejo de sus parientes, cosa que no ocurría respecto de las hermanas (3). Contra la opinión de los padres, no tenían los hijos recurso alguno,
pero muerto el padre, si los hermanos, retardasen maliciosamente el casamiento de la hermana, podía ella casarse por sí (4).

Establecía el Fuero Juzgo, respecto de las arras, que cuando dos personas libres quisieran contraer matrimonio, el aspirante á marido debía hablar con el padre de la mujer, añadiendo la ley á que nos referimos, que si la pudiere ayer por mugier, dé las arras al padre, assi cuerno es derecho, eslía non pudiere ayer, finque la mugier en poder del padre (5). Venían, pues, á ser las arras, algo así como una reminiscencia de la antigua compra que el marido hacía al padre de la mujer de la potestad que éste tenía sobre ella.

No podían contraer matrimonio los que carecían de aptitud física para ello, siendo de advertir que, respecto de la edad, predomina en el Fuero Juzgo la tendencia á rebajarla, propia de la Iglesia católica. Se admite la existencia de impedimentos, que anulan en ocasiones el vínculo, y en otras no. Los principales de que se habla, son: la existencia de esponsales celebrados con otra persona; la falta de consentimiento paterno; diferencia grande de edades, etc., etc.

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(1) Ley IV, tít. I, lib. 111.
(2) Ley VIH, tít. 11, lib. 111.
(3) Ley IX, tít. 1, lib. 111.
(4) Ley VIH, tít. 11, lib. 111.
(5) Ley VIH, tít. 1, lib. 111...



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Sobre el Derecho Civil



Debemos, según el método que nos hemos propuesto seguir en las presentes lecciones, examinar el contenido del Fuero Juzgo, para formar idea del estado en que se encontraba el derecho, al terminar la época á cuyo estudio venimos consagrados...




El derecho civil, fué de todas las ramas de la ciencia jurídica la que más desarrollo alcanzó entre los visigodos, cosa nada extraña, puesto que el derecho privado fué el más cultivado de los romanos, y la cultura jurídica del pueblo rey, es la única que puede reputarse como antecedente de la de aquéllos.

La personalidad jurídica fue ampliamente reconocida por el Fuero Juzgo, el cual introdujo muy pocas variantes en la doctrina que, acerca de la materia existió en Roma, así respecto de la persona física é individual, como respecto
de la moral ó colectiva. En cuanto á la persona individual, el Fuero Juzgo se ocupa no sólo de los seres nacidos, sino también de los simplemente concebidos, consagrando casi toda la teoría romana de los postumos, al establecer que «si el marido muriere, é »dexa la muier premiada, el fiio que nasciere »después sea heredado egualmientre en la buena del padre con los otros fiios; é si non dexare nengun fiio ó diere su buena á quien quisiere, mandamos que pueda dar la quarta parte é las tres partes deve aver aquel que nació después de la muerte del padre; e si el marido ó la muier seyendo casados, ante que ayan fiios, el marido á la muier, ó la muier al marido, el uno al otro, dieron de su buena é después ovieron fiios, aquella donación non vala; mas los fiios ayan toda la buena de su padre, fueras ende la quinta parte que puede dar por su alma á quien quisiere».

Para reputar a un ser nacido, exigía tres circunstancias: que naciera vivo, que viviera diez días y que fuera bautizado, además de lo cual se reconocían las distinciones fundamentales que pueden establecerse respecto de la personalidad humana, tanto en atención al orden natural, como en consideración al jurídico.

Bajo el primer punto de vista, señalaba diferencias por razón del sexo entre los varones y las hembras, concediendo mayor protección á éstas que á los primeros, y por razón de edad entre los mayores y menores.

En la ley VIII, tít. II, lib. III, se establece, por ejemplo, que la mujer que contrajese matrimonio contra la voluntad de sus padres, si éstos no «la quisieren recebir de gracia, ella nin sus »íiios non deven heredar en la buena de los padres»; las mujeres necesitaban para casarse del consentimiento de sus hermanos, tíos y demás parientes cuando no tenían padres, y ninguna de ambas disposiciones se referían a los varones.

Todo esto, aparte de la propiedad de las arras concedida á las mujeres, y de la participación que se las daba en las ganancias de la sociedad conyugal.

Respecto de la mayoría de edad, es muy difícil precisar cuándo empezaba, según el Fuero Juzgo. Con efecto, al hablar de las tutelas, dice que sean «lamados huérfanos los fiios que son »sin padre é sin madre fasta los XV annos»; en otra ley dispone que los huérfanos, aun siendo mayores de catorce años, «si los defendedores los an en poder á ellos 6 á sus cosas, qualquequier escripto que fagan fazer de demanda, ó de quitamiento, ó de abenencia que faga fazer »el defendedor por él ó por otri, non vala esto nada, ni aya nenguna fuerza»; en otra, que los padres pueden usufructuar algunos bienes de sus hijos, hasta que éstos cumplan veinte años ó se casen; en otra, que si la viuda quisiese contraer nuevas nupcias, «é alguno de los »fiios, fuere de edad de XX annos fasta XXX , »este deve aver los otros hermanos é las sus cosas en guarda, é non las dexar enaienar ni perder á ellos ni á otri»; y en otra, por último, que los mayores de diez años pueden hacer testamento en caso de enfermedad. Sin embargo, la opinión más corriente entre los intérpretes, es que la mayoría de edad comenzaba á los veinte años.

Además, se admitía que por su edad avanzada, los hombres pudieran eximirse del cumplimiento de ciertos deberes, como el ejercicio de la tutela, por ejemplo, y se establecían diferencias entre las personas, por razón de su estado entre los sanos y enfermos.



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".


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Orden y distribución del Fuero Juzgo




Promulgado el Fuero Juzgo en la última época de la monarquía goda, conservó su fuerza legal durante toda la Reconquista, si bien perdió algo de su carácter general por los fueros que se concedieron á los nobles, y aun á los pueblos y ciudades. Algo obscurecido por el Fuero Real y las Partidas, no dejó por eso de estar en rigor, y el Ordenamiento de Alcalá, las leyes de Toro, y la Novísima Recopilación, demuestran, al establecer el orden de prelación de los Códigos, la gran estima en que siempre fue tenido.

Se compone de doce libros y un título preliminar o prólogo, formado por dieciocho leyes, y titulado "De la elección de los príncipes", en el cual se consignan las reglas a las cuales debía sujetarse el nombramiento de los monarcas, y las garantías de que había de estar rodeada la familia real para librar a sus individuos de todo género de asechanzas y atentados.

El libro primero se denomina "Del facedor de la leí et de las leyes", y se compone de dos títulos que componen quince leyes. Expolíense en él las cualidades de ciencia, moralidad y rectitud que deben adornar a todo legislador para merecer tal nombre, así como las condiciones, requisitos y caracteres que han de tener las leyes, y la fuerza de obligar y efectos que producen.

El libro segundo se llama "De los juicios y casas". En los cinco títulos de que se compone, se legisla sobre la organización de los tribunales de justicia y el procedimiento criminal, estableciéndose leyes á cual más sabias y prudentes. Entre sus disposiciones principales, pueden citarse aquellas que consignaron el principio de la no retroactividad de las leyes, la prescripción de las acciones, el mayor valor de la prueba documental sobre la de testigos, etc...

Trata el libro tercero de los matrimonios y nacimientos. Consta de seis títulos, y se denomina "De los casamientos é de las nascencias". Permítese en él el matrimonio entre germanos y romanos, como uno de los medios que más habían de contribuir a la fusión de ambos pueblos; guiado por los principios germanos, se castiga severamente el adulterio, hasta el punto de entregar al cónyuge culpable al injuriado para que lo castigue a su voluntad, siendo de advertir que le era permitido al cónyuge inocente dar muerte al adúltero y hacerse dueño de sus bienes.

El libro cuarto, "Del linaje natural", trata del parentesco, sucesiones y guarda de menores. Introdúcese en él una novedad respecto de la legislación romana: la institución de los gananciales, los cuales se dividen, no por partes iguales, sino con relación a los bienes de cada cónyuge.

El libro quinto, "De las avenencias é de las compras", trata de los contratos en general, y especialmente del de compraventa, estableciendo el principio de que deben descansar sobre la base del mutuo y libre consentimiento, hasta el punto de declarar nulos aquellos contratos en que haya existido fuerza o miedo, principio que más tarde hubo de desarrollar en toda su extensión el Ordenamiento de Alcalá.

Los libros sexto, séptimo y octavo, se ocupan de la materia que hoy se comprende bajo el nombre de Derecho penal, señalándose en ellos, no sólo la naturaleza de los delitos, sino también la de las penas con que debían ser castigados. En estos libros se nota, más que en materia alguna, la influencia que el derecho germano ejerció en la redacción del Fuero Juzgo. Admitíase el tormento, y era principio asentado en él que al delincuente se castigase, á ser posible, con un daño igual al por él causado. Se establece, además, que la responsabilidad criminal es personalísima, y no puede, por tanto, transmitirse á los hijos la en que incurrieran el padre, aun cuando sí pasase la responsabilidad civil. Denomínanse estos libros "De los mal fechos et de las penas et de los tormentos, de los furtos et de los engañaos" y "De las fuerzas et de los dannos et de los quebrantamientos", respectivamente.

Como se ve, los libros séptimo y octavo, se refieren más en especial a los delitos contra la propiedad.
Llámase el libro noveno "De los siervos foidos et de los que se tornan", y trata de los fugados del servicio militar y del asilo eclesiástico. Establécese en él la obligación que tienen todos los ciudadanos de acudir á la guerra, y se prohibe que se persiga al que se refugie en una iglesia.

El libro décimo, llamado "De las particiones é de los tiempos é de los annos é de las lindes", trata de la división, arrendamiento, prescripción y deslinde de las tierras. Son de notar las disposiciones por las cuales el que edificaba en terreno ajeno, creyendo de buena fe que era suyo, adquiría lo edificado con la obligación de indemnizar al dueño del terreno, dándole otro de iguales condiciones y cabida; pero si había mediado mala fe por parte de alguno, se perdía lo edificado, ó el terreno, según el caso.

En el libro onceno, "De los físicos, e de los mercaderes de Ultramar, e de los marineros", se castiga al médico cuando el enfermo se debilite por efecto de una sangría, y se le prohibe cobrar si el enfermo muere, y se establece que los mercaderes extranjeros sean juzgados por las leyes de su país.

El libro duodécimo, "De devedar los tuertos, é derraigar las sectas é sus dichos", trata de las injurias herejías y judíos.

No es posible hacer una crítica razonada del Fuero Juzgo, como de código alguno, sin tener en cuenta las condiciones de la época y el grado de cultura del pueblo para el cual se dictó. Teniendo en cuenta esos elementos, no puede menos de afirmarse que el Fuero Juzgo constituye un gran paso dado en el camino de la civilización y del progreso. Así se ha reconocido en todas las épocas y por todos los escritores, excepción hecha de Montesquieu, que basado en fútiles motivos, calificó los preceptos de este gran código de pueriles y absurdos.

La manera cómo el Fuero Juzgo unifica la legislación, haciendo desaparecer aquel dualismo jurídico, que como valladar infranqueable se oponía a la fusión de los visigodos con los hispanos romanos, es por todo extremo admisible. En las luchas que después tuvieron que sostener los monarcas castellanos con la nobleza, en los deseos de unificar la legislación foral con la de Castilla, deseos de tantos monarcas y de tantas generaciones, no encontramos disposición alguna que resolviera el conflicto de la manera sabia y prudente que el Fuero Juzgo venció el propósito que perseguía.

Han sido varias las ediciones que se han publicado de este cuerpo legal. Las principales son: la publicada en París en 1579 por Pithou, y las publicadas en España por Alfonso Villaviego en 1669, D. Juan Antonio Lorente en 1712, y la de la Real Academia Española en 1815.



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
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Sobre los posibles autores del Fuero Juzgo



Suponen algunos escritores que Sisenando fué el autor del Fuero Juzgo, quien sometió su obra a la aprobación del Concilio 4.° de Toledo; y se fundan para sostener tal aserto, en el epígrafe de los códices romanceados, en el cual se dice que el código de que nos ocupamos fue hecho por sesenta y seis Obispos en el Concilio aludido, ante la presencia de ese rey y en el tercer año de su reinado. Esa inscripción no aparece en los originales latinos, y nada se dice del asunto en las actas del Concilio, cosas ambas que, aparte de otras consideraciones, hacen suponer errónea tal opinión, puesto que no es verosímil presumir que sobre asunto de tanta importancia como la publicación de un código que venía á realizar la unidad legislativa, tan vivamente deseado por todos, guardasen silencio los padres del Concilio, de haber sido tratado por ellos.

Otros escritores, basados en los deseos manifiestos del rey Chindasvinto, de que desapareciera la dualidad de legislación y en el gran número de leyes que de este monarca contiene el Fuero Juzgo, supone que él fue su autor, en cuyo caso ya no puede ser el Concilio 4.° el que interviniera en su formación, sino el 7.°, que fue celebrado durante su reinado. No falta quien atribuya la redacción del Fuero Juzgo a Recesvinto y a Ervigio, en unión de los Concilios 8.° y 12 respectivamente, fundados unos y otros en que existiendo en él disposiciones posteriores á Chindasvinto, no pudo éste ser su autor, y es verosímil que dejando comenzado su trabajo, fuera terminado en los tiempos de Recesvinto o de Ervigio.

Menor importancia que las indicadas, tienen aquellas opiniones que le atribuyen a Recaredo, á D. Rodrigo ó á los primeros tiempos del reino de Asturias. Los escritores que sostienen la primera opinión, se fundan en que existen leyes dadas por Recaredo en el Fuero Juzgo; pero con igual razón podría atribuirse a un gran número de monarcas, puesto que en él se contienen leyes debidas a casi todos los monarcas godos desde Recaredo. No es lógico suponer que en las azarosas condiciones en que tuvo lugar el reinado de B. Rodrigo, pensara éste en realizar una obra jurídica de tamaña importancia. Por fin, es de todo punto absurdo suponer que el Fuero Juzgo se dictara después de la venida á España de los árabes, porque ya no existía aquella dualidad de legislación, que hizo necesaria la publicación de este Código.

Es opinión generalmente seguida por los escritores, la de suponer que el Fuero Juzgo fue escrito en latín, y así debió ser, puesto que en la época en que se publicó, el latín, aunque degenerado, era el idioma que se usaba en España.

Sin embargo, autores hay que sostienen fue escrito en lengua hispano-gótica, y que luego fue traducido al latín, o que se hicieron dos ediciones al mismo tiempo, una latina y otra española.

Ambas opiniones nos parecen erróneas. Claro es que siendo el Fuero Juzgo un cuerpo legal, dictado con el propósito de uniformar la legislación diversa que existía en la monarquía visigoda, habían de entrar en su formación dos elementos: las leyes por que se regía el pueblo visigodo, y aquellas otras que regulaban la vida jurídica de los hispano-romanos; esto es los Códigos de Eurico y de Alarico. Además, entraron en su formación una porción de disposiciones dadas ya por el rey con los Concilios, ya por aquél sólo y en virtud de su propia iniciativa, o previo acuerdo del Oficio Palatino y algunos de los principios fundamentales del derecho canónico, que no podían menos de ejercer poderosa influencia sobre la legislación civil.

No está escrito el Fuero Juzgo con un verdadero plan científico, cosa después de todo natural, dado el estado que tenía la ciencia jurídica a su publicación. Los principios, pues, de las diferentes ramas del derecho, aparecen confundidos y mezclados.



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El Fuero Juzgo





Las leyes VIII, IX y XII del título I, libro II, del Fuero Juzgo, debidas las dos primeras a Chindasvinto, y la última á Recesvinto, sirven para marcar con gran exactitud la tendencia que se observaba en punto a la formación de un sólo cuerpo legal para vencidos y vencedores. En la primera de ellas, se disponía que no se alegaran ante los tribunales leyes extrañas al reino; en la segunda, que los jueces no aplicasen otras disposiciones legales que las contenidas en el Fuero Juzgo; y en la última, que los pleitos, una vez acabados, no pudieran abrirse de nuevo, con lo cual se daba una fuerza y valor a las decisiones de los jueces, que hasta entonces no habían tenido [1].

Mediante tales leyes, y algunas otras que pudiéramos citar, se comprueba, además, la existencia desde los tiempos de Chindasvinto, de un Código territorial. Se permitió también en esa época el matrimonio entre individuos de diverso origen. Recesvinto realizó dos compilaciones importantes. En la primera dejó separados los tres elementos de su obra, ó sea el Código de Recaredo, las leyes de Chindasvinto no derogadas, y las dictadas por el mismo. En la segunda trató de ordenar bajo un sistema todas las disposiciones por que se regía la vida jurídica de su pueblo. Los trabajos de Ervigio y Egica son también dignos de mención, aun cuando no fueron tan importantes como los ya señalados. Se encaminaron esos trabajos a derogar aquellas disposiciones que habían perdido su fuerza y valor, ya porque las necesidades de la época no reclamaban su cumplimiento, ó ya por estar en pugna con los sentimientos del mismo. Tales trabajos debieron hacerse en los años 682 y 693 respectivamente.

Dedúcese de todo esto, que la unidad legislativa se estableció demasiado tarde, pues hubo de lograrse en los últimos tiempos de la monarquía visigoda, y que el Fuero Juzgo, símbolo de esa unidad, apareció como tal código desde la época de Chindasvinto, por cuya razón debe considerarse a este monarca como autor de él.
Varios han sido los nombres con que se ha designado a este cuerpo legal. Primitivamente se le denominó Codes legum, Liber Gothorum, Lex Wisigothorum, Liber indieum y Fore Judicum, del cual es corrupción el de Fuero Juzgo con que hoy se le conoce.

También son varias las cuestiones que a propósito del Fuero Juzgo, han suscitado los escritores.
Se refieren á su autor, y consiguientemente a la época de su formación, al idioma en que debió ser escrito primitivamente, y a la procedencia de los diversos elementos que en su formación entraron.

_________________

[1] He aquí el texto de las disposiciones á que aludimos:
  • Ley VIII.—Dí taller las leyes de los omnes estrannos.—Bien sofrimos, et bien queremos que cada un omne sépa las leyes de los estrannos por su pro; mas quanto es de los pleytos indgar, defendémoslo, é contradezimos que las  usen, que maguer que y aya buenas palabras, todavía ay muchas gravedumbres...
  • Ley IX.—Que nengun omne non aya otro libro sino es este, que es fecho de nuevo.—Nengun omne de todo nuestro regno defendemos que non presente al juez para judgar en nengun pleyto otro libro de leyes si non este nuestro, ó otro translatado segund este: é si lo fiziere alguno, peche XX X libras doro al rey...
  • Ley XII. — Que los pleytos, pues que una vez fueren acabados, que non sean después revueltos...



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Unidad legislativa entre los visigodos




Es imposible hablar de unidad legislativa entre los visigodos, sin recordar a Chindasvinto, a quien se debe, en primer término, que tal unidad se consiguiera.

Al advenimiento al trono de Chindasvinto, notábanse en la monarquía visigoda ciertas tendencias á la unión de los dos elementos que la integraban, y que en un principio habían hecho vida totalmente separada. Con efecto, las diferencias religiosas que separaban á los hispano romanos de los visigodos habían desaparecido hacía ya bastante tiempo, y las disposiciones dadas por los Concilios, al ser obligatorias para todos los súbditos de la monarquía, sirvieron de preparación para ese gran acontecimiento de la unidad legislativa. Sin embargo, existían en aquel momento dos legislaciones: una de origen germano, aunque con grandes elementos romanos, simbolizada en el Código de Tolosa y aplicable sólo a los vencedores; otra, genuinamente romana, representada por el Código de Alarico y aplicable sólo a los vencidos.

Chindasvinto no fue el primer monarca visigodo que dio leyes a su pueblo. Antes que él lo habían hecho Eurico, en cuyo tiempo se formó el Código que lleva su nombre, Leovigildo y Recaredo, si bien las compilaciones debidas a éstos últimos deben considerarse, según ya hemos indicado, más que como cuerpos legales nuevos, como nuevas ediciones, corregidas y aumentadas del primitivo de los visigodos.

Las tendencias hacia la unidad legislativa, fueron de día en día pronunciándose más, favorecidas, de un lado, por la acción de los monarcas, y de otro por haber desaparecido los elementos que produjeron la duplicidad de legislación.

Con efecto, borradas las diferencias religiosas que separaban a los visigodos de los hispanos, y habiendo perdido en gran parte aquellos la rusticidad de usos y costumbres con que aparecieron en nuestro suelo, por el trato continuo con los vencidos, mucho más adelantados que ellos, nada había en realidad que se opusiera la realización del ideal perseguido durante tanto tiempo por unos y otros.



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Código de Alarico o Breviario de Aniano


En la legislación de castas que existió durante la primera época de la dominación visigoda, el Código de Alarico personifica el derecho del pueblo vencido, de los hispano-romanos. Se halla inspirado en el derecho romano, cuyas fuentes, según indicamos en lugar oportuno, eran las leyes, edictos de los pretores, plebiscitos, senado-consultos, respuestas de los jurisconsultos y constituciones imperiales.

Los elementos componentes de este código son:
  • Dieciséis libros del Código Teodosiano. 
  • Parte de las Novelas dictadas por los emperadores Teodosio, Marciano, Mayoriano y Severo.
  • Las Instituciones de Gayo.
  • Los cinco primeros libros de las sentencias de Paulo.
  • Trece títulos del Código Gregoriano y tres del Hermogeniano. 

Estos textos aparecen en el Código de Alarico, literalmente copiados de su original, excepción hecha de las Instituciones de Gayo, de las cuales se hizo un extracto. Algunos escritores afirman que existen otros elementos en el Código de Alarico, además de los enunciados, como fragmentos de las respuestas de Papianiano, Ulpiano y Modestino, y aun Novelas de otros emperadores, pero los trabajos hechos recientemente, demuestran que si en efecto es cierta su afirmación, los textos a que aluden debieron ser incluídos en las ediciones que posteriormente a Alarico se hicieron del Código que lleva su nombre, y no en el trabajo realizado por orden de este monarca.

Han sido varios los nombres dados a este cuerpo legal. En lo antiguo se llamó Lex romana, Liber legum y commonitorium. Posteriormente se le denominó "Breviario de Aniano", nombre del canciller que recibió de Alarico el encargo de remitir las copias del Código a las provincias, para que fuese conocido y rigiera en ellas. Aun cuando no hay datos ciertos para conocer el motivo de la aplicación de la palabra "Breviario" a éste cuerpo legal, se supone que debió ser porque un monje hizo una copia de él, dándole la forma que tenía su libro de rezos. Para la redacción del Código nombró Alarico una comisión, que fue presidida por el conde Gayarico, la cual se supone que celebró sus reuniones en la ciudad de Adur (Francia), y entregó su trabajo al monarca en el año 506.

A las disposiciones copiadas de las Constituciones imperiales ó Novelas, llama el código "leges", y a las tomadas de los demás elementos que entraron en su formación, "jus". Todos y cada uno de los capítulos se dividen en dos partes: una contiene el texto de la disposición, y la otra es su interpretación o comentario, por medio de la cual se adaptaba el antiguo derecho romano a las necesidades de la época, y se procuraba que fuera igual la manera como se entendieran las disposiciones del Código en todas las ciudades de la monarquía.

Respecto de la parte interna del Código de Alarico, hemos de ser muy parcos, puesto que no es otra cosa que el derecho romano en el estado que tenía al advenimiento de los bárbaros, materia que ha sido objeto de nuestro estudio. Es un resumen del derecho romano, hecho para satisfacer necesidades algo distintas de las que dieron origen a éste, y de aquí que muchas veces aparezca modificado el texto de las leyes romanas, especialmente por las interpretaciones.

El Código de Alarico estuvo en vigor durante siglo y medio y fue uno de los trabajos legales que más se tuvieron en cuenta a la hora de redactar el Fuero Juzgo. Se conocen varias ediciones de él: una está hecha en Lovaina, en 1517, por Pedro Egidio; otra en París, el año 1525, por Almarico Bouchardo; otra en 1528, en Basilea, por Juan Sicard; y la última en Alemania, en este siglo.

En un palimsesto (2) del Breviario de Aniano, descubierto hace poco en la catedral de León, aparece, entre las disposiciones del mismo, una ley visigoda, dada por Theudis, la cual revela que no se trata de un códice original, sino de una copia, de manera que quien lo hizo insertó esa ley por juzgarla de importancia. Dicha ley se refiere a los gastos y costas judiciales, y dispone que los litigantes no satisfagan otros gastos que los que se hallen justificados, pudiendo reclamar los que sin este requisito fueran condenados al pago de costas. Tal disposición indica, como otras muchas que se dictaron sobre la misma materia por diferentes monarcas, que se cometían abusos, y abusos grandes, en punto a las costas y gastos judiciales. Ya una ley anterior a la de Theudis, había señalado como máximum de los derechos de los funcionarios de justicia, el cinco por ciento del valor de la cosa litigiosa, y el diez para los demás dependientes o funcionarios judiciales. El conocimiento de la ley a que aludimos se debe a don Francisco de Cárdenas.

Mediante la publicación del Código de Alarico, aparece legalmente establecida la situación que de hecho existía en España desde la invasión de los bárbaros. Desde entonces los hispanos se rigieron por el derecho romano encarnado en el Código de Alarico, así como los visigodos lo hicieron por el de Tolosa, hasta que la publicación del Fuero Juzgo estableció una ley común para vencidos y vencedores.

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(2) Se llama palimpsesto al manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe.



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Fragmentos y Reformas de los distintos Códigos

La obra de San Jerónimo fue a parar al monasterio francés de Corvie, de donde pasó con el tiempo a los Benedictinos de San Germán de los prados. Descubierta por los monjes la existencia de una escritura antigua sobre el códice, consiguieron restaurarla por medio de reactivos, y publicaron el comentario sobre Virgilio, parte del Código Teodosiano y la ley visigoda, si bien esta última debió extraviarse, pues no ha llegado hasta nosotros.


En 1839, Knust hizo trabajos sobre el manuscrito; los continuó a su muerte Pertz, y, por último, Blumes, quien publicó en 1847 el fragmento de que nos ocupamos. Como el pergamino era de mayor tamaño que el que deseaban los monjes para escribir la obra de San Jerónimo, hubieron de recortar las hojas, de donde resultó que en cada una de ellas faltan unas cuantas líneas por la parte superior, y algunas palabras en todos los renglones.

No existe división alguna dentro de él más que en capítulos; contiene dos leyes relativas al dominio de la tierra y de los siervos entre godos y romanos; siete sobre el comodato, depósito y préstamo; catorce sobre ventas y permutas; una referente a las donaciones, en las cuales se incluyen las hechas a la Iglesia; y catorce relativas a las sucesiones.

Por el estudio de este fragmento, se viene en conocimiento del origen romano de muchas de sus disposiciones, pues bastantes de ellas aparecen en el Código de Alarico. En el Fuero Juzgo, aparecen también muchas de las disposiciones del Código de Tolosa, con la indicación de leyes antiguas.

Mucho se ha discutido acerca de si el fragmento de que nos ocupamos pertenece al primitivo código o a alguna de sus posteriores ediciones. Parece, con efecto, cosa averiguada que Leovigildo, Recaredo y aun algunos monarcas posteriores, como Theudis, revisaron el Código de Eurico. Blume, Merckel y D. Francisco de Cárdenas, atribuyen el fragmento a Recaredo; Breslau y Batbié, suponen que es de Eurico (1); y Petigni cree que pertenece a Alarico.

Los que suponen que el fragmento corresponde, no al primitivo código, sino a alguna de las ediciones que del mismo se hicieron en los tiempos posteriores a Eurico, se fundan en las leyes sobre donaciones que contiene, altamente favorables a la Iglesia, en una ley en la cual, hablando de las prescripciones, se establece que no se turbe en la posesión de las tierras a los que venían poseyéndolas desde los tiempos del padre del monarca, y en hallarse algunas de sus disposiciones transcritas en el Código de Alarico, publicado con posterioridad al de Eurico. Con efecto, si se trata de un rey, cuyo padre fue también legislador, no pudo ser autor del fragmento Eurico, que sucedió a su hermano Teodorico, ni es de presumir, por otro lado, que siendo tal monarca arriano, dictara diposiciones favorables a la Iglesia católica.

Los caracteres paleográficos del fragmento de que nos ocupamos, atribuyen a éste una antiguedad mayor en un siglo, por lo menos, de la época de Recaredo, de donde se infiere que no pudo ser escrito en la época de este monarca. Por las erratas que contiene, cabe presumir que se trata de una copia, y por tanto, es de presumir que se hiciera tiempo después de la publicación del Código de Eurico.

Si se comparan las leyes que conocemos del Código de Eurico con otras de los códigos bárbaros de la misma época, y especialmente con el de los borgoñones y la ley bávara, puede observarse, por la analogía de sus disposiciones, que todos estos cuerpos tomaron como modelo y fuente el derecho romano, sin que sea preciso, para explicar el que la ley bávara tenga 36 capítulos iguales a los de la visigoda, afirmar que éste los tomó de aquella, pues antes, al contrario, hay razones bastantes para suponer que el Código de Eurico es anterior al de los bávaros, como lo acredita la mayor pureza del latín en que está escrito. De aquí que lo más probable que el fragmento se refiera al Codigo de Eurico, toda vez que este fue el primer monarca visigodo de quien se tiene noticias que dictara leyes, y las cualidades del fragmento le hacen de fecha muy anterior a la ocupada por el trono de Recaredo.

En cuanto a la suerte posterior del Código de Eurico, conviene notar que, dado sólo para los vencedores, continuó rigiendo con modificaciones y ampliaciones, introducidas especialmente por Leovigildo, Chindasvinto, Recesvinto, Ervigio y Égica, durante toda la monarquía visigoda, de hecho puede dedirse que fue la base de la legislación territorial simbolizada por el Fuero Juzgo; y como algunas de las disposiciones de este cuerpo legal, han estado presentes hasta la publicación del Código Civil, casi podemos afirmar que el Código de Eurico no ha dejado de estar en vigor hasta nuestros días.
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(1) De esa misma opinión se muestra también partidario D.José García y García en un erudito trabajo, titulado: "Historia de la ley primitiva de los visigodos y descubrimiento de algunos de sus capítulos".



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Código de Eurico o de Tolosa


La política seguida por los visigodos, respecto de los vencidos, dio origen a la formación de códigos diversos para una y otra raza, así como la ayor necesidad en que se encontraban los visigodos de leyes escritas que los hispanos, por carecer de ellas, en tanto que éstos tenían las de los códigos romanos anteriores a Justiniano, explica el por qué se dictó antes el Código de Eurico que el de Alarico.

No son grandes las noticias que tenemos acerca de la formación del primero de dichos cuerpos, ni de sus tendencias, habiendo sido desconocido su texto mismo hasta el presente siglo. De las escasas noticias que tenemos acerca del Código de Eurico, parece deducirse que, en efecto, este monarca fue el primero de los visigodos que dictó leyes para su pueblo, pues así lo expresa terminantemente San Isidoro de Sevilla.

Recibe el nombre de Código de Tolosa el cuerpo legal que examinamos, por haberse dado en la ciudad de este nombre a las autoridades encargadas de administrar justicia, las copias de él necesarias para que se atuviesen a sus preceptos, y su estudio es de verdadera importancia, porque puede considerarse como el verdadero origen del Fuero Juzgo.

No es el Código de Eurico un cuerpo legal inspirado única y exclusivamente en las antiguas costumbres de los germanos, sino que en su formación entró por mucho el derecho romano, cosa no extraña, después de todo,  pues era éste mucho más perfecto que el suyo, y por el trato y comunicación que habían sostenido, primero con los romanos y luego con los españoles, era natural que se inficionasen de sus preceptos.

En el presente siglo (XIX), se ha descubierto un fragmento compuesto de 46 párrafos incompletos del Código de Eurico. Parece ser que, cuando los monjes se vieron obligados a inutilizar manuscritos antiguos para aprovechar el pergamino, escribieron el "Tratado de varones ilustres", de San Jerónimo, sobre hojas que contenían parte del Codigo Teodosiano, el panegírico de un emperador romano, un comentario sobre Virgilio, y parte del Código de Eurico.



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Situación jurídica de España al advenimiento de los Visigodos


Dada la situación en que España se encontraba al comenzar la invasión de los bárbaros, y la escasa cultura, especialmente jurídica, de los visigodos, no podía existir la unidad legislativa, tanto por la diferente manera de ser de ambos pueblos, el vencedor y el dominado, como por la inmensa superioridad de aquél, respecto de éste. De aquí, que se impusiera la necesidad de permitir a los vencidos, que continuaran rigiéndose por su antiguo derecho, ya estudiado por nosotros, mientras que los vencedores lo hacían por sus costumbres, algún tanto modificadas por el cambio de vida, que forzosamente hubieron de experimentar al asentarse definitivamente en nuestro suelo. Esa inferioridad jurídica de los visigodos respecto de los hispanos, y ese cambio operado en la vida de aquellos, explica que aceptara instituciones jurídicas influídas en los principios romanos, como fueron, por ejemplo, la sucesión testamentaria y la propiedad territorial.

Consecuencia inmediata de tal estado de cosas fue la existencia simultánea en España de dos legislaciones, una para los vencedores y otra para los vencidos. A primera vista parece que debió ser difícil la coexistencia de esas dos legislaciones, pero a poco que se medite, se advierte que como se trataba de pueblos de orígen y raza diversos, con usos y costumbres distintas, y cuya fusión no era dable, por estar prohibido el matrimonio entre individuos de uno y otro, no debió presentar grandes invonvenientes ese dualismo.

Desde el año 416, en que llegaron los visigodos, hasta la publicación de los Códigos de Eurico y de Alarico, rigiéronse, pues, los hispanos por el derecho romano, y los visigodos por sus antiguos usos y costumbres.



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Impuestos y Servicio Militar

La unidad contributiva era el as ó milena, porción de tierra que servía de base para imponer la cuota que el propietario debia satisfacer al Erario público. Algunos autores han creído que con la palabra "milena", se indicaba algo parecido a lo que modernamente se llama amillaramiento, y aun cuando carezcamos de datos para establecer de una manera cierta esta analogía, es presumible que la idea sea la misma. El tipo para señalar la cuota que debía satisfacerse por la riqueza inmueble, era, según unos, el 5 por 100, y según otros, el 10. Con el tiempo se permitió que las tierras adjudicadas primitivamente a los visigodos, pasaran a los hispano-romanos y viceversa, pero conservando su carácter, y estando, por tanto, libres de todo género de tributos las de los primeros, y no la de los segundos.



Bajo la acción de Comes thesaurorum, había funcionarios especiales, Numerarios, encargados de la percepción de los impuestos. El importe de las multas que según más adelante diremos, era una de las penas que existían entre los visigodos, que iba a parar al Tesoro Público,
Al lado de estos impuestos, había entre los visigodos ciertas prestaciones personales, con carácter obligatorio, ya conocidas de nosotros desde época romana, como eran, principalmente, el servicio de alojamiento y bagajes y el de correo público.

El servicio militar entre los visigodos, era general y obligatorio. Tan en absoluto consignaban las leyes godas este precepto, que hasta los eclesiásticos se hallaban obligados a prestar el servicio militar, y sólo se exceptuaban de él los menores de 20 años y los enfermos.
No era el formar parte del ejército, entre los visigodos, sólo una carga, sino que revestía los caractéres de un honor, pues sólo se consideraba ciudadano libre a aquel que estaba en disposición de empuñar las armas, y de aquí que el pueblo hispano no formara nunca parte del ejército.

La organización del ejército descansaba en el sistema decimal. Los jefes, "Prepósitos de la hueste", recibían el nombre de milenarios, quingentenarios, centenarios y decuriones, según el número de soldados que mandases, si era mil, quinientos, ciento, o diez, respectivamente. A su frente se hallaba el Comen exercitum.

La convocatoria se hacía a son de cuerno, en caso de una necesidad imprevista. De no haber tal urgencia, lo hacía el monarca, colocándose edictos con su nombre, con su orden, en las capitales y poblaciones importantes de las provincias.

Los que tenían esclavos, debían llevar a la guerra la mitad de los que poseyesen. Los soldados no percibían sueldo alguno, pero mientras prestaban el servicio activo, les mantenía el Estado y a su conclusión recibían en premio por sus servicios tierras para que las cultivasen.
Ya en la época que examinamos, puede hablarse con alguna propiedad de relaciones internacionales, puesto que en ella comenzaron a dibujarse las nacionalidades en los diferentes reinos que surgieron sobre las ruinas del imperio romano.

Claro es que el derecho internacional, en el concepto y con el carácter que hoy tiene, no fue conocido de los visigodos, ni pudo serlo, porque no era dado que existieran las relaciones internacionales, basadas en los vínculos de fraternidad que deben de existir entre los hombres todos, hasta tanto que ese gran principio proclamado por el Cristianismo, produjera sus naturales consecuencias. Sin embargo, por lo que a nuestros propósitos importa, debemos consignar que las relaciones sostenidas por los visigodos con los demás pueblos, fueron, por lo común, belicosas, y no pacíficas.



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".


Es propiedad del Autor.
Queda hecho el depósito que marca la Ley.


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Duques, Condes, Gardingos, Vicarios...

Al frente de las provincias se encontraban los duques, funcionarios que ejercían como delegados del monarca en el orden político, judicial, administrativo y militar, y de quienes se podía decir que tenían dentro del territorio de su mando las mismas atribuciones que los reyes en toda la monarquía. Al frente de las poblaciones se encontraban los condes designados por los monarcas para el gobierno de las mismas. Si pretendiésemos buscar alguna semejanza entre dichas autoridades y las modernas, pudiéramos muy bien decir que los duques eran lo que los actuales gobernadores de provincias, si bien teniendo las facultades de los capitanes generales, y que los condes eran funcionarios semejantes a los alcaldes.

Aun cuando el carácter de los duques y condes era, como decimos, mixto, de civil y militar, con funciones gubernativas y judiciales a la vez, predominaba en los primeros el carácter militar, y en los segundos el civil.

Conviene no confundir a los condes territoriales, de los que ahora nos ocupamos, con aquellos otros que formaban parte del Oficio Palatino, y que eran, por tanto, superiores a éstos, según lo demuestra el hecho de aparecer en primer lugar el título de Conde que el de Duque en las actas de los concilios de Toledo, cuando aquel cargo era palatino y era una misma la persona que lo desempeñaba.

Los gardingos, eran evidentemente funcionarios inferiores a los duques y condes; respecto de sus funciones, no hay datos seguros, y de aquí que en tanto unos autores han considerado que eran como una especie de vicarios de los duques, otros los han tenido como ricos propietarios que residían en la corte o como próceres de la misma, siendo lo más probable que se tratase de delegados de los duques para el mando de tropas o para la administración de justicia militar.

Los vicarios eran delegados de los condes, y quizás de los mismos duques, y estaban encargados de la administración de justicia. A estos funcionarios seguían los praepositus o villicus, a quienes estaba confiado el gobierno de las pequeñas localidades y de los distritos rurales.

Respecto del régimen local que existió durante la monarquía visigoda, importa hacer notar que dentro de cada localidad existían dos pueblos con vida propia o independiente; con tradiciones, usos y costumbres totalmente diversas, el vencedor y el vencido. No es posible presumir, como algunos escritores pretenden, que durante la época que examinamos, continuara existiendo en España la vida municipal, con los mismos caracteres y extensión que tuvo bajo la dominación romana. Cierto, que en las actas de los Concilios, y aun en algunas leyes, se alude en ocasiones a las instituciones municipales, lo cual prueba que éstas existían; cierto también que en los comienzos de la Reconquista aparecen los municipios con gran fuerza y vigor, y como no es de creer que surgieran por generación espontánea, es preciso admitir que la idea de los mismos, continuó latente durante la dominación visigoda; pero todo ello no es bastante para afirmar que se conservaron a través de todo ese lapso de tiempo con el carácter que tenían, siendo de suponer, por el contrario, que debieron vivir algún tiempo oscurecidos, esperando circunstancias favorables para mostrarse en todo su desarrollo.
Pocas son las noticias que tenemos acerca del sistema tributario de los visigodos, pero es de presumir que fuera por todo extremo sencillo, toda vez que las necesidades de un Estado naciente son siempre pequeñas y los servicios públicos se hallan en ellos en estado embrionario.

El patrimonio del monarca aparece entre los visigodos completamente separado del tesoro público, como lo prueba la existencia de funcionarios especiales encargados de la dirección de uno y de otro.
Del patrimonio del monarca salían sus gastos y los de la corte toda; el tesoro sufragaba los gastos que ocasionaban los servicios públicos. Aquél se formaba de los bienes  que era patrimonio de la corona, los cuales, como ya hemos indicado, pasaban a la muerte del rey a su inmediato sucesor, no a sus herederos. Éste se nutría de los impuestos, los cuales venían a ser los mimos que en tiempos de los romanos, subsistiendo, por consiguiente, toda aquella serie de tributos directos e indirectos, reales y personales de que nos ocuparemos al tratar de la organización financiera que Roma dio a España.

Durante la primera época de la división visigoda, aquella en que las dos razas, la germana e hispano-romana, hicieron vida independiente, los impuestos personales pesaron sólo sobre los vencidos. Más adelante, cuando las necesidades del Estado fueron mayores y los dos pueblos de que se componía la monarquía goda fueron fusionándose, se borró tal diferencia y los impuestos personales pesaron también sobre los visigodos.



Matías Barrio y Mier (Verdeña, 1844 – Madrid, 1909)
De la serie, "Historia General del Derecho Español".


Es propiedad del Autor.
Queda hecho el depósito que marca la Ley.


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